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El Instituto Juruá se ha preocupado cada vez más por las adquisiciones de tierras en la región amazónica, especialmente por parte de empresas enfocadas en el mercado de créditos de carbono y en la comercialización de productos de la bioeconomía. Estas empresas han involucrado a las comunidades locales en proyectos que presentan ganancias económicas significativas para ellas, pero que ofrecen beneficios cuestionables para las comunidades locales.
En este sentido, el Instituto Juruá ha contribuido al fortalecimiento del concepto y la práctica de la sociobioeconomía, que tiene como uno de sus pilares una distribución más justa de los beneficios de estas cadenas productivas con las comunidades locales que garantizan la conservación de la biodiversidad, al mismo tiempo que son portadoras del conocimiento tradicional para un uso sostenible de estos recursos.
Además, buscamos fortalecer la narrativa de la necesidad del reconocimiento de las poblaciones tradicionales como los principales actores que garantizan la conservación de los servicios ecosistémicos. Una de las alternativas económicas para este reconocimiento es el pago por los servicios socioambientales que desempeñan.
En 2022, el Instituto Juruá adquirió un área de aproximadamente 10.000 hectáreas en la región del Bajo Medio Juruá, dentro de un área de Acuerdo de Pesca bajo la gestión de una asociación local llamada Asociación de Habitantes Agroextractivistas del Bajo Medio Juruá (AMAB). La adquisición de esta propiedad tiene como objetivo co-construir con las comunidades locales y el poder público, un modelo conceptual de Área Protegida Privada de Base Comunitaria.
El presente programa tiene como objetivo construir el modelo conceptual de Área Protegida Privada de Base Comunitaria a través de la experiencia práctica en un área modelo en el Bajo Medio Juruá. En este sentido, el programa pretende, basándose en el estudio de modelos preexistentes y en la co-construcción con la AMAB y 10 comunidades locales, elaborar un plan de manejo para la gestión de esta área. Este plan tiene como objetivo garantizar tanto la conservación de la biodiversidad como viabilizar la implementación de cadenas productivas de la sociobiodiversidad, proyectos de pagos por servicios ambientales, actividades educativas y de turismo ecológico que permitan una distribución más justa de los beneficios, tanto económicos como sociales, para las comunidades involucradas.
