La presión del movimiento social, junto con los organismos de inspección, lleva a la destrucción de una draga minera que llevaba cerca de un mes operando ilegalmente en el territorio.
Por Clara Machado
En un operativo realizado el 17 de noviembre en el municipio de Itamarati (AM), los organismos de inspección IBAMA y Policía Federal con el apoyo del ICMBio y la Policía Militar incendiaron el transbordador minero que dragaba ilegalmente en el río Juruá desde finales de octubre. En los casos de delitos ambientales, la incautación y destrucción de instrumentos por parte de los órganos de supervisión está prevista en el Decreto Federal Nº 6.514/2008.
La movilización de las instituciones públicas y privadas que operan en la región es fundamental para presionar a los órganos de supervisión a tomar medidas. El 25 de octubre, el Foro del Territorio Medio Juruá, que agrupa a tales instituciones, presentó una denuncia sobre la draga en la Fiscalía Federal, que envió una carta a los organismos responsables exigiendo medidas para detener de inmediato la actividad ilegal. El Foro también articuló una movilización local contra la minería y publicó la noticia en medios de prensa en busca de mayor celeridad en la acción. La operación secreta contó con la cooperación entre los órganos de supervisión y se produjo pacíficamente y sin obstrucción de la vaguada principal del río.
Durante la operación, varios motores, sistema de comunicación por radio, red de internet satelital, unos treinta mil litros de combustible, herramientas utilizadas para la extracción de oro y muchos alimentos se encontraron en la draga. La evidencia sugiere que planearon llevar a cabo actividades ilegales durante un largo período de tiempo.
El segundo transbordador que estaba presente en el territorio fue visto retirándose antes de que las agencias de inspección llegaran al sitio, y no pudo ser investigado. Una comunidad cerca de donde se encontró el ferry principal también fue dragada el río con un pequeño ferry comunitario, que también fue destruido.
La preparación de las comunidades rurales por parte de los buscadores es una realidad aislada, pero entristece al movimiento social de la región, que tiene una historia de luchas contra la explotación laboral y desarrolla actividades colaborativas de conservación forestal que generan ingresos para la población.
Con el apoyo de los organismos de vigilancia ambiental, la lucha social y colectiva por la conservación de los bosques continúa y no dejará espacio para la llegada del prospector al río Juruá, una de las zonas más preservadas de la Amazonia, con una rica biodiversidad y aguas libres de toxinas.
