No existe autorización para la explotación minera en la región y las organizaciones que operan en el Medio Juruá presentan una nueva denuncia ante el Ministerio Público Federal.
Por Clara Machado | Instituto Juruá
En la mañana del 22 de octubre de 2022, una balsa y una draga minera fueron avistadas en el cauce del río Juruá, dentro de los límites de la Reserva de Desarrollo Sostenible Uacari, Carauari (AM). La balsa navegó hacia el municipio de Itamarati (AM), donde fue avistada en operación al día siguiente, y luego se dirigió al frente de una playa de reserva y cría de quelonios del municipio.
Existen procesos de Requerimientos Mineros en la región Juruá que están siendo llevados a cabo por la Agencia Nacional de Minería (ANM), pero según información pública disponible en el propio sistema de la agencia, ninguno de ellos está autorizado hasta el momento. La explotación minera en la región es, por lo tanto, una actividad ilegal.
Se sospecha que se trata de la misma balsa avistada en julio de este año, cuando las entidades que operan en la región presentaron la primera denuncia. El Foro del Territorio Medio Juruá reúne organizaciones públicas y privadas comprometidas con la conservación y el desarrollo sostenible de la región del Medio Juruá, y el 25 de octubre de 2022 firmó otra denuncia, presentada ante el Ministerio Público Federal. La carta también fue enviada a la Superintendencia del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de Amazonas (IBAMA / AM) y al Instituto para la Protección Ambiental de Amazonas (IPAAM).
La minería ilegal puede tener graves consecuencias para el medio ambiente, la biodiversidad y la salud humana, y obstaculizar las actividades de gestión sostenible de los recursos naturales que generan ingresos y son la base de la seguridad alimentaria de las poblaciones tradicionales e indígenas.
En la carta, las organizaciones subrayan que «más de 40 comunidades ribereñas e indígenas están extremadamente amenazadas de quedarse sin su principal fuente de ingresos porque las acciones desordenadas e ilegales de extracción de oro dañan directamente la cadena de manejo del paiche, a través de sus residuos generados». Y solicitan, con carácter urgente, que los municipios de Carauari, Itamarati y Eirunepé, así como otros organismos competentes, tomen medidas para inhibir la actividad ilegal en la región y que se investigue a los responsables de la balsa. Consulte la carta de queja completa.
